Es urgente que el Poder Ejecutivo rectifique su obcecada posición respecto a las plataformas digitales de transporte y que la Asamblea Legislativa legisle a favor de las mayorías.
Uber cumple 5 años de operar en Costa Rica con números que acreditan su éxito: 28.000 conductores, 971.000 usuarios y 200 millones de viajes realizados. Es claro que hay oferta y demanda para esta modalidad de transporte, que, principalmente por su servicio, sus medios de pago y mecanismos de autorregulación, ha logrado el posicionamiento en el gusto del consumidor costarricense. Esa demanda de servicio ha dado paso incluso a otras aplicaciones competidoras, lo que acredita que el consumidor prefiere esta modalidad de servicio más que la del taxi, que continúa en su espiral de burocracia estatal, explotación de conductores por los concesionarios, unidades deterioradas y mal servicio.
El gran perdedor en estos años ha sido el Estado costarricense, que, con una obcecación difícil de comprender, abanderó desde la administración anterior una tutela corporativista hacia el gremio del taxi, acusando a Uber, y a todo lo que se le parezca, de una ilegalidad que, a la fecha, sigue siendo meramente retórica. Además de credibilidad, el Ejecutivo nos ha hecho perder mucho dinero en estos años. Si lejos de prohibir la aplicación, impulsar proyectos de ley abiertamente ilegales y lanzar operativos ocasionales cuando los taxistas golpean la mesa, el Ejecutivo hubiera entendido que no es su competencia imponerle al ciudadano en qué medio de transporte se moviliza, se habría sentado a negociar con estas empresas lo único que debería ser de su interés: el cobro de impuestos por estos servicios.
La Ciudad de México, por ejemplo, tasó el servicio con un 1,5% del valor de cada viaje. Si en Costa Rica se hubiera tomado esta decisión desde el día uno, y digamos que el promedio de recaudación por viaje fuera de 1000 colones, estamos hablando de que los 200 millones de viajes habrían generado 200 mil millones de colones en los cinco años de funcionamiento. Esto es aproximadamente $333 millones de dólares, monto similar, por ejemplo, al precio que se habla podría recibir el Estado si BICSA se vendiera. Es decir, el Ejecutivo privilegia la venta de activos públicos a obtener recursos tasando razonablemente una actividad económica que genera riqueza y prosperidad. Pero no se queda allí, si se contara con una regulación razonable y sencilla, y no policiaca y enmarañada como hasta ahora, las mismas plataformas podrían facilitar que los conductores se afiliaran como contribuyentes y trabajadores independientes, generando más recaudación y permitiéndole a miles de personas dejar la informalidad.
El mundo cambió en marzo anterior. La pandemia, aunada a la crisis fiscal apremiante obliga a un cambio de estrategia en el Ejecutivo, pero, sobre todo, a que el Legislativo zanje, de una vez por toda esta discusión. Las plataformas digitales de movilidad representan una oportunidad de ingresos a una población que no tendría otros con qué reemplazarlos, son una alternativa de movilidad segura en tiempos en donde el uso del autobús o el tren son altamente peligrosos por contagio, y pueden representar una fuente de recursos frescos para las disminuidas arcas estatales.
Es insostenible que en este contexto el Ejecutivo se empecine en la aprobación de un modelo regulatorio que taxifica las aplicaciones de movilidad digital, regala las ganancias que genera a los taxistas, limita el número de personas que pueden dedicarse a esta actividad, y que, en la práctica, termina siendo una invitación a estas empresas a irse del país. Los hechos no dejan de existir por que sean ignorados, y ya es momento de que el Ejecutivo deje de ir contra corriente, rectifique el rumbo y promueva políticas públicas que favorezcan a la mayoría de la población.